El Senado aprobó recientemente un proyecto de ley para establecer un Régimen Penal Juvenil que permita juzgar a personas menores de 18 años y mayores de 14 que hayan cometido un delito. Se trata de un proyecto consensuado, que unifica iniciativas de distintos bloques y apunta a garantizar el derecho de los jóvenes a ser juzgados con todas las garantías y a ser sancionados con una escala penal diferente de la que rige para los adultos. Hasta ahora, los jóvenes de 14 a 16 años en conflicto con la ley podían ser privados de la libertad, aunque sin ser sometidos a juicio.La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero el tratamiento en particular del articulado quedó para más adelante, pues aún persisten diferencias entre los legisladores. Además deberá luego ser enviada a Diputados para su sanción definitiva.
Según este proyecto, los jueces podrán aplicar como sanciones una escala que incluye, de menor a mayor, disculpas personales ante la víctima; reparar el daño causado; prestación de servicios a la comunidad; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio o en un centro especializado. El proyecto enfatiza además que “los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados, adecuadas medidas de seguridad y espacios acondicionados que permitan la recepción de visitas”y “la dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y capacitado. En ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad”
También se indica que “se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho años dentro de su grupo familiar' y que 'en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente” Están exentas de responsabilidad quienes al momento de cometer el delito del que se los acusa no alcancen la edad de 14 años, y tampoco serán punibles quienes tengan 14 o 15 años y hayan cometido delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.
Desde lo legal, se ha avanzado en el tema, pero el psicoanalista Guillermo Greco advierte que la discusión que falta hacer en el ambiente académico y judicial es que, cuando la sociedad afectada por un delito cometido por un menor de edad, pide más seguridad = mano dura = reducción de edad mínima de imputabilidad, no se está planteando para qué sirve la pena. ¿Podrá el Estado- pregunta- que no ha sido capaz hasta ahora de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, controlar las que piensa crear con la futura ley? ¿Acaso es preferible que a estos jóvenes se los castigue poblando nuestras cárceles o institutos con el riesgo de que no sean debidamente “socializados” para ser reintegrados luego a la vida en libertad con nuevas mañas delictivas?
También se levantan otras voces en contra de este proyecto de ley, como las del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y Grupo de estudios sobre sistema penal y DDHH (GESPyDH), al manifestar que “Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que se direccionen hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan.Nuestro absoluto rechazo a los claros avances legislativos para bajar la edad de imputabilidad, afirmamos nuestra convicción de la necesidad de un Régimen Penal Juvenil que contenga los principios fundantes de un derecho penal mínimo en el marco de un estado social para todos “ (www.observatoriojovenes.com.ar)
Como se ve, el tema es complejo y de amplio debate, y aunque los legisladores y asesores profesionales traten de sancionar la mejor ley para todos, es bueno recordar que detrás de un niño y joven que delinque, hay un adulto ausente, falto de responsabilidad por infinidad de problemas personales o simplemente delincuente, a quien se debe interpelar por lo que debió haber hecho o no hizo y una sociedad que da vuelta la cara y se olvida que “los únicos privilegiados, todavía, son los niños”.
