La suspensión del jefe de inteligencia Miguel Fausto Colombo, generó una nueva crisis en la Policía Metropolitana. Después de conocerse que estaba procesado en una causa por corrupción policial, Mauricio Macri decidió apartarlo de su cargo. Desde el gobierno porteño admitieron que "no se pueden chequear los antecedentes" de todos los miembros de la fuerza.
Mauricio Macri promocionó a su Policía Metropolitana como una fuerza transparente. Sin embargo, los antecedentes de muchos de los jefes que él mismo designó le terminaron jugando una mala pasada.
El último escándalo fue protagonizado por el jefe de inteligencia, Angel Fausto Colombo, quien será juzgado por dar protección a prostíbulos Vip cuando prestaba servicio en la Policía Federal. La noticia, que obligó a Macri a separarlo de su cargo, dejó al descubierto un dato inquietante: los certificados de antecedentes penales no contienen datos concluyentes sobre el pasado de las personas.
En el gobierno porteño dijeron ayer que no existen mecanismos formales para chequear los antecedentes penales de los postulantes. Sin embargo, el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, admitió que, desde su asunción, sólo en los casos sospechosos, comenzaron a pedir informes a la Policía Federal sobre las fojas de servicios de los agentes.
Según trascendió ayer, el comisionado de la Policía Metropolitana Miguel Angel Fausto Colombo, de 59 años, nombrado en mayo, fue procesado por el juez Alberto Baños porque su nombre y teléfono figuraban en la agenda de un proxeneta detenido, en la época en que revistaba como segundo jefe de la comisaría 15a. de la Policía Federal.
Así consta en el requerimiento de elevación a juicio oral del expediente, en el que se investiga a Colombo y a otros diez policías federales por cohecho pasivo, presentado por el fiscal José María Campagnoli en agosto del año pasado, en el que hace referencia a un previo procesamiento del uniformado.
La disponibilidad preventiva de Colombo sumó un nuevo capítulo a la historia de escándalos que rodearon el lanzamiento de la Policía Metropolitana y provocó nuevas denuncias de la oposición política, que exigió desde la interpelación de Montenegro y Burzaco hasta que se retire de la calle la flamante fuerza de seguridad.
Antes, Macri ya había tenido que enfrentar una crisis por las designación de Jorge Palacios, primero rechazado por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA (lo acusaban de encubrimiento) y luego procesado y detenido por participar de escuchas ilegales a uno de aquellos familiares y al cuñado de Macri, Néstor Leonardo, entre otros.
Además, debió abandonar el cargo el reemplazante de Palacios, Osvaldo Chamorro, también vinculado con las escuchas ilegales y acusado de haber solicitado información patrimonial de diputados opositores.
Esas escuchas eran realizadas por el ex espía de la Policía Federal Ciro James, que había sido curiosamente contratado por el Ministerio de Educación porteño. Ya en ese momento, el gobierno macrista alegó que desconocía el pasado de James y acusó al gobierno nacional de haberle "plantado" al espía.
La seguidilla de escándalos derivó en la creación por ley, en noviembre pasado, de una comisión parlamentaria especial para evaluar las designaciones de personal proveniente de otras fuerzas en la Metropolitana (de lo que se informa por separado).
Simultáneamente, Montenegro y Burzaco, tras la asunción de este último comenzó una investigación interna para depurar los cuadros de la Metropolitana, que ya produjo el despido de una decena de uniformados por "incompatibilidad", entre ellos dos superintendentes.
"Estamos revisando uno por uno los casos que tienen malas referencias en el ambiente policial. En algún momento, íbamos a llegar a Colombo", sintetizó Montenegro. Nuevamente, una información periodística se adelanta a los funcionarios porteños.
