Se trata del superintendente de Comunicaciones de la Policía Metropolitana, Eduardo Martino. Según la denuncia, un mes después de haber sido designado fue nombrado jefe de seguridad de una empresa privada de la provincia de Buenos Aires. Además, formaría del grupo de ex policías federales cuestionados en la investigación del atentado a la embajada de Israel.07:01 : Fuente: Diario Critica
Después de las controvertidas remociones de Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro en la Policía Metropolitana, un nuevo escándalo se cierne sobre la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri. El superintendente de Comunicaciones, Eduardo Martino –tercero en la línea de mandos–, será denunciado ante la Justicia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al detectarse que un mes después de haber sido designado fue nombrado jefe de seguridad de una empresa privada de la provincia de Buenos Aires.
La demanda es impulsada por el legislador porteño Rafael Gentili, quien reclamó la “inmediata remoción del jefe policial”, a quien sindicó como “integrante del grupo de ex federales cuestionados del que formaban parte Palacios y Chamorro y comprometido en la investigación del atentado a la embajada de Israel”.
Voceros de la Metropolitana explicaron que Martino “habría renunciado a su cargo en la empresa de seguridad en mayo de 2009, un mes antes de asumir como responsable de Comunicaciones” en la fuerza porteña.
Sin embargo, Crítica de la Argentina accedió a la disposición por la que se lo autorizó a ocupar la jefatura de seguridad de Alesa S.A., que lleva la firma del ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli. Está fechada el 24 de julio de 2009, 32 días después de asumir como funcionario de la Ciudad.
La presentación del legislador de Proyecto Sur sostiene que “existe irregularidad en la prestación de servicios de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires del superintendente Martino de acuerdo a la resolución 3.506 firmada por Stornelli el 24 de julio de 2009, en donde la empresa de seguridad integral Alesa S.A. solicita el cambio de jefe de seguridad para operar en territorio bonaerense y en donde se resuelve autorizar la designación de Martino en dicho cargo”.
Entre los antecedentes de Martino que se mencionan en la denuncia, Gentili destaca que “fue pasado a disponibilidad por el entonces jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Eduardo Prados, el 18 de mayo de 2004, medida que fuera ratificada el 6 de octubre del mismo año por el ministro del Interior de ese momento, el contador Aníbal Fernández, en lo que se denominó la histórica purga de la fuerza, donde fueron removidos 107 altos mandos”.
Según consta en el Boletín Oficial porteño, el 22 de junio de 2009, por Resolución 697 del Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Martino fue designado como superintendente de Comunicaciones de la Policía Metropolitana.
La Ley 1.913, que regula la seguridad privada en la ciudad de Buenos Aires, establece que “los prestadores que desempeñan la actividad por sí mismos (...) no pueden revistar como personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales ni organismos de inteligencia”.
Asimismo, la Ley 12.297, que determina las normas de la actividad en la provincia de Buenos Aires, establece que “no podrán desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada (...) quienes sean personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia”.
Para Gentili, esto es prueba suficiente para considerar la conducta de Martino “dentro del tipo penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público, toda vez que el nombrado no podía desconocer su condición de cuadro superior de una fuerza de seguridad que lo inhabilitaba para realizar tareas de seguridad privada”.
En tanto, según fuentes que estuvieron ligadas a la comisión especial de seguimiento de la investigación de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, Martino aparece mencionado en varias oportunidades durante las actuaciones relacionadas con la voladura de la sede diplomática, ocurrida el 17 de marzo de 1992, que causó 29 muertos y 242 heridos.
“Cuando la instrucción de la causa intentó conseguir las cintas con las grabaciones de control del Comando Radioeléctrico de la Federal del día del atentado para corroborar la presencia o no de personal policial en la custodia del lugar –tal como estaban obligados por tratados internacionales–, no pudo obtener las grabaciones requeridas porque las cintas no estaban disponibles ya que habían sido borradas o destruidas”.
La dependencia que estaba a cargo de ese material era la División Bases de la Superintendencia de Comunicación de la PFA, de la cual Martino era subjefe al momento de producirse el atentado.
Tal como consta en la denuncia de Gentili, el policía fue pasado a disponibilidad en la purga de mayo de 2004 y lo retiraron en octubre de ese mismo año por disposición del Ministerio del Interior firmada por el contador Aníbal Fernández.
Sus compañeros de retiro fueron, entre otros, Osvaldo Horacio Chamorro, Héctor Oscar Ontivero, Oscar Insúa y Esteban Adolfo Sanguinetti, quienes se reencontraron un lustro después en la flamante Metropolitana.
