Trataron de pasar la ley sobre tablas y no pudieron. Ahora viene el debate por la notoria lista de nombres presentada por el PRO, que incluye al abogado del Fino Palacios, un camarista que supo excarcelar a Astiz y al Tigre Acosta, y al mismo abogado de Macri.
Por Gustavo Veiga
Dime qué tipo de jurados eliges y te diré qué jueces promueves. Podría ser un refrán aplicable al estilo PRO. El partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto en la Legislatura que propone una nómina de profesionales del derecho para evaluar a los candidatos a ocupar los juzgados porteños. La lista ya genera polémica y cuestionamientos en la oposición porque está integrada por uno de los abogados del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “el Fino” Palacios, por un camarista que excarceló en su momento a los represores Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta, y por un letrado que es socio de los defensores de Mauricio Macri en la causa de las escuchas telefónicas y patrocina a Marcela y Felipe Noble en la investigación judicial que definirá si son hijos de desaparecidos. Los veintidós nombres propuestos surgieron de consultas entre el diputado y vicepresidente primero del cuerpo, Oscar Moscariello, el presidente del PRO a nivel nacional, José Torello, el secretario legal y técnico Pablo Clusellas y la Procuración, según le confió una fuente del oficialismo a Página/12, que intentó aprobar el proyecto sobre tablas y no lo consiguió.
Así ingresó a la Comisión de Justicia de la Legislatura con trámite de preferencia para su tratamiento. Una vez que se constituya el jurado –los demás bloques tienen que sugerir sus propios aspirantes a integrarlo– habrá que cubrir nueve juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso, dieciséis fiscalías y ocho defensorías de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, dos fiscalías y otras tantas defensorías en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y una fiscalía de Cámara en lo Contencioso. Esto resultó posible porque en noviembre de 2009 se modificó la Ley 7 o ley orgánica del Poder Judicial porteño.
La Legislatura puede impulsar hasta treinta candidatos a integrar el jurado, de los cuales catorce le corresponderían al PRO, de acuerdo con la cantidad de bancas que tiene. Entre ellos se destaca la presencia de Manuel Beccar Varela, uno de los dos defensores del Fino Palacios en la causa de las escuchas ilegales (su socio Diego Richards es el otro). Joven abogado, en su currículum figura como antecedente que se desempeñó como director general de la Subsecretaría de Investigaciones de la Policía Bonaerense intervenida por León Arslanian bajo la gobernación de Eduardo Duhalde.
Guillermo Yacobucci, otro de los nominados para integrar el jurado, es miembro de la Sala II de la Cámara de Casación. Es el mismo que en diciembre de 2008, cuando subrogaba su cargo, les concedió la excarcelación a Astiz, Acosta y otros marinos que pertenecían a la patota de la ESMA. “Cuando llego a la noche a mi casa duermo tranquilo”, decía el juez que, para liberarlos, se basó en los años de prisión preventiva que habían cumplido los represores. “Hay un retardo de justicia que es culpa del Poder Judicial”, se excusó haciendo una autocrítica corporativa.
A Yacobucci no puede achacársele falta de coherencia en lo ideológico. Redujo la estadía carcelaria de aquellos símbolos de la última dictadura y no se salió del camino trazado desde su primera juventud, cuando era un ignoto escriba de la revista Cabildo, el libelo fascistoide donde supo ser columnista. Firmaba los artículos con sus iniciales G.J.Y. (Guillermo Jorge Yacobucci).
Mario Wainfeld, quien además de periodista es abogado, escribió sobre él en este diario el 28 de diciembre de 2008: “...integra por derecho propio la ‘familia judicial’, según sus recibos de haberes tiene 34 años de antigüedad. También hizo méritos académicos. Su currículum expone numerosas obras publicadas, solo y en colaboración, casi todas de derecho penal. Tiene reputación de hombre de derechas y de juez con versación superior a la media”. Esta descripción puede completarse con que integró el Tribunal Oral Nº 6 que condenó a Rafael Di Zeo, el ex jefe de la barra brava de Boca, a cuatro años y tres meses de prisión por el delito de coacción agravada. Además es hincha de San Telmo, y suele acompañar a uno de sus hijos a ver a Boca, aunque también va con otro que es de River al Monumental.
En marzo pasado hizo lugar a una queja de los abogados de Marcela y Felipe, los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, que permitió la suspensión momentánea de los análisis genéticos ampliados para comprobar si son hijos de desaparecidos. Anteayer, el mismo tribunal que integra, falló cuestionando por “inadmisible” aquel recurso y ordenó enviar de inmediato el expediente al juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, para que continúe con el trámite de la causa y eventualmente fije nueva fecha a los análisis postergados.
Uno de los especialistas que fogonea el PRO en la Legislatura para integrar el jurado es Alejandro Carrió, abogado de los hijos de la dueña del Grupo Clarín (el otro es Jorge Anzorreguy). Se trata de un profesional reconocido, con una obra clásica publicada: Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. En octubre del 2009 se lo vinculó a Francisco de Narváez como presunto asesor de su candidatura presidencial, pero él enseguida lo desmintió. Sí lo asistió en abril del año pasado cuando el ex juez federal de Campana Federico Faggionato Márquez –recientemente destituido por mal desempeño de sus funciones– investigaba la venta ilegal de efedrina y lo citó a indagatoria.
Carrió además es socio de los dos profesionales que defienden a Macri en la causa que investiga el juez Norberto Oyarbide sobre las escuchas ilegales: Santiago Feder y Ricardo Rosental. También de-sarrolla bastante actividad como presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Esta ONG creada en 1995 tiene un slogan: “En defensa de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas”. Y en su página web se enorgullece de cómo litigó con cierto éxito a favor de un grupo de jóvenes que recibió vejámenes de la Policía Federal por la presunta infracción a los edictos que estuvieron vigentes en la ciudad de Buenos Aires hasta 1998.
El PRO que ahora lo sugiere para ser jurado de los aspirantes a jueces, fiscales y defensores de la ciudad, impulsa una política represiva en el espacio público que no se compadece con el espíritu que pregona la ADC. El primo de Elisa Carrió publicó en 2008 el libro Digamos basta, donde explora el poco apego a ley que les atribuye a los argentinos. Para ilustrar el concepto, apela al escaso respeto que existe por las bicisendas, una iniciativa que sí comparte con el macrismo.
La nómina presentada en la Legislatura incluye al actual vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Ernesto Curutchet, fundador de la agrupación universitaria UPAU, apéndice de la caduca Ucedé, la fuerza de derecha de la que es tributario el PRO. Desde la Fundación Bicentenario, un think tank o laboratorio de ideas del pensamiento más reaccionario, Curutchet es acaso el exponente más fiel del ideario macrista. Se identifica por igual con el ingeniero en apuros y José María Aznar. Desde su ONG caminó los pasillos de Tribunales con impugnaciones varias a Eugenio Zaffaroni antes de que ingresara a la Corte Suprema. Si el doctor Yacobucci es un hombre de derechas, Curutchet no es un rezagado en ese espacio.
En la nómina de jurados sugeridos que podría discutirse en el recinto en un par de semanas –esa es la especulación del macrismo– también hay un juez que tuvo en sus manos el caso Skanska: Javier López Biscayart, del fuero penal tributario.
El Consejo de la Magistratura porteño venía reclamándole a la Legislatura que propusiera su lista de candidatos a jurados para regularizar designaciones en la Justicia local. La última vez que lo hizo fue en 2005. Ese trámite debería realizarse cada dos años. Diputados del PRO como de la oposición reconocieron que hubo cierta desidia para ocuparse del tema. Por eso el oficialismo presentó su proyecto de resolución el jueves para que se designen jurados en siete especialidades: derecho constitucional, civil, penal, administrativo, tributario, procesal penal y contravencional. “Todos deben poseer título de abogado, reconocida versación en el área de su cometido y una antigüedad en el ejercicio de su función no inferior a cinco años”, dice el proyecto que presentó Moscariello.
