CIUDAD RICA Y POLITICAS SOCIALES POBRES

Así se titula la declaración presentada la semana pasada a la opinión pública de un colectivo de trabajadores sociales, compuesto por una treintena de docentes, investigadores, graduados y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Bs As., manifestando “su preocupación por el rumbo de las políticas sociales en la Ciudad de Buenos Aires, ya que representa un retroceso en materia de derechos sociales”. Pero es mejor reproducir textualmente todo el documento dada la gravedad de lo que denuncian: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) contiene un muro invisible que la divide en dos mundos: mientras que el norte crece el sur se empobrece. Esta situación histórica se ha acentuado fuertemente en los últimos dos años. La ausencia de respuestas, desde la política pública, a problemas sociales cada vez más complejos, intenta ser cubierta por una serie de dispositivos de asistencia, tercerizados en organismos privados, como es el caso de los convenios realizados con ONGs para el tratamiento en adicciones o los hogares para niños, niñas y adolescentes. El sistema de salud público porteño –más allá de los anuncios– carece en la actualidad de un plan estratégico que organice articuladamente los recursos y las estructuras que permitan la atención de los porteños y de aquellas personas que, desde distintos puntos del país, se acercan a la ciudad. Uno de los indicadores más sensibles para denunciar esta situación es el aumento de la mortalidad infantil, según información proporcionada por el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el 2007 el índice de mortalidad infantil alcanzaba el 7,9 por mil nacidos vivos, mientras que en el 2009 llegó al 8,3 por mil. El análisis detallado de estos datos muestra además que la pobreza, la desigualdad y la falta de políticas públicas adecuadas, se expresan con mayor crudeza en la zona sur. Por ejemplo, en la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios) la mortalidad infantil llega hoy al 10,6% y en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati) al 12,8%.
Las políticas de niñez desarrolladas por la actual gestión de gobierno implican una regresión en materia de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un claro ejemplo de esto se refleja en la distribución del presupuesto de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, donde más del 40% se destina a la institucionalización (alojamiento o internación de niños/as en hogares, casi en su totalidad dependientes de organismos privados) y aproximadamente el 6% se destina al Programa de Fortalecimiento de Vínculos, cuya finalidad es el apoyo a la revinculación familiar y comunitaria de los niños/as. Según los informes realizados por el Ministerio Público Tutelar de la CABA, aproximadamente hay 1300 niños/as alojados en hogares, algunos con prolongados períodos de permanencia, en situaciones de irregularidad respecto al dictado de medidas excepcionales. Esta tendencia a la institucionalización de niños/as en situación de vulnerabilidad social, dejó de ser objeto de debate a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 26061 que restringió a situaciones excepcionales la aplicación de esa práctica. En el ámbito de la educación, la actual gestión ha privilegiado la educación privada sobre la educación pública, aumentando –en más de un 150%– las transferencias monetarias a instituciones no estatales y reduciendo en un 3% el presupuesto destinado a infraestructura de las escuelas públicas. Con la transferencia al sector privado de la función docente del Estado, se altera el sentido de la educación que, desde la gestión actual, aparece más como un servicio de consumo individual/familiar vinculado al mercado, que como un derecho social vinculado a la condición de ciudadano. En la oferta educativa estatal existe una clara desigualdad que afecta principalmente a la población del sur de la Ciudad y que se evidencia en: falta de vacantes de nivel inicial y primario, edificios reducidos y/o en crítico estado de conservación y menor cantidad de escuelas de jornada completa. Para estas poblaciones existen una serie de medidas focalizadas –programas de inclusión– que se ofrecen desde el Estado como recursos aislados y que, debido a la ausencia de una estrategia eficaz de comunicación, son apropiados diferencialmente por los establecimientos educativos generando también fragmentación en el sistema educativo público. Cabe mencionar además que la política actual hacia los trabajadores de la educación se ve signada por el vaciamiento de los equipos profesionales, el recorte de salarios, la precarización laboral y el desprestigio material y simbólico de los docentes.
En materia de política pública de vivienda, el achicamiento del presupuesto es notable y la tendencia muestra que sigue decreciendo a niveles insospechados. En el último período la gestión actual de gobierno, los programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) que promueven la “autogestión, el trabajo cooperativo y la organización colectiva”, no llegan a ejecutar el bajo presupuesto estipulado debido a su falta de idoneidad y de decisión política ante el problema social que representa para miles de familias de la CABA no tener derecho a un techo digno. El Programa de Autogestión de Vivienda, que tiene a las organizaciones sociales como actores protagónicos, organizadas según la Ley 341/GCBA, no tiene abiertas sus puertas a la incorporación de nuevas cooperativas, y lo que es aún más alarmante, las cooperativas que hoy se encuentran en condiciones de construir su proyecto de vivienda, luego de más de 5 años de gestión, no lo hacen debido a la trillada respuesta de “la falta de presupuesto”. Son cerca de 30 las cooperativas que se encuentran a la espera la aprobación de fondos para la continuidad de sus obras, 80 las que teniendo terreno no pueden comenzarlas y más de 400 las que, estando inscriptas, no pueden iniciar la búsqueda de sus terrenos.
La problemática habitacional además se ve agravada por un aumento de los desalojos en los últimos años. Si para 2007 las familias en situación de desalojo alcanzaban a 3.317, sólo en la primera parte del 2008, 4.772 familias solicitaron el subsidio creado por el Decreto 690/GCBA (para familias en situación de calle). Asimismo en 2008 se produjeron modificaciones en esta normativa que limitan el acceso al subsidio y reducen el número de beneficiarios. También excluyen medidas preventivas ante inminentes desalojos, introducen normas que permiten la absoluta discrecionalidad para la caducidad del beneficio y eliminan el objetivo de orientar a los beneficiarios para encontrar soluciones definitivas al problema de la emergencia habitacional (CELS-AGT, 2009). Paradójicamente, mientras aumentaba la población en situación de calle, los subsidios para este segmento observaron una reducción presupuestaria, que pasó de 24.826.717 pesos en el año 2007 a 20.528.094 pesos en 2009, a la vez que el presupuesto era subejecutado. Según un relevamiento reciente las personas que carecen de un hogar fijo son alrededor de 14.900, lo que significa un aumento de más de 35 % con respecto a 2009. En suma, considerando la cantidad de recursos económicos de la CABA, resulta incomprensible el retroceso de enfoques y la regresión del gasto registrada en sectores claves de la política social. El PBG (Producto Bruto Geográfico), que mide la riqueza de esta jurisdicción, asciende a 233 mil millones de pesos; esta cifra representa alrededor de la cuarta parte del PBI del total del país. A su vez el PBI per cápita de la CABA también supera ampliamente al promedio del país en aproximadamente 2.5 veces, evidenciando el alto poder adquisitivo de su población. En este contexto, los ejemplos mencionados bastan para comprender el orden de prioridades de una gestión, que no sólo pareciera desconocer las condiciones de vida de los sectores empobrecidos de la ciudad, sino que además anula el poder redistributivo del Estado para el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Esta política concentra los recursos públicos en los sectores privilegiados del mercado mientras vacía a las instituciones que durante años se encargaron del bienestar de una población relegada de los beneficios del modelo neoliberal, fuente de la ideología que la actual gestión del Gobierno de la Ciudad practica”.
Frente a una descripción tan dura de la realidad social de la ciudad supuestamente más próspera del país, habría que preguntarse: ¿qué posición asumirán en poco tiempo los funcionarios responsables, al momento de tener que tomar posición por su jefe político, acorralado por tantas evidencias inevitables? Porque como dice el dicho: “la mentira tiene patas cortas”…