Aunque pudiera parecerlo, el título no se refiere a las nuevas leyes de medios audiovisuales y matrimonio igualitario, sino a que nuestro país está considerado así por organismos, jueces y jefes de estado de otros lugares del mundo que han vivido situaciones de violaciones a los derechos humanos durante gobiernos de facto similares al nuestro del período 1976-1983. Esta apreciación se ha profundizado en el último año, a partir del momento en que se han agilizado los juicios a los represores y responsables del terrorismo de estado de la última dictadura militar y así lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia cuando hace unos días a través de su presidente, Ricardo Lorenzetti, y en la presentación del “Informe sobre la tramitación de juicios sobre delitos de lesa humanidad” declaró: “La decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás. Porque es una idea que ha madurado y no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo”, agregando “Están hoy dentro del contrato social de los argentinos, forman parte del consenso básico que tiene la sociedad”.
Estos juicios se están realizando desde 2006 en varias ciudades del país (26 ya concluidos, la mayoría con penas de reclusión perpetua en cárceles comunes y 13 en curso) y han contado con la colaboración de organismos de DDHH que realizaron denuncias y aportaron datos sobre sus represores y lugares donde funcionaron centros de detención y exterminio; con el trabajo del equipo de antropología forense que ayudaron a reconocer a los “desaparecidos” y con el aporte de jueces de varios países europeos que permitieron que las causas investigadas pudieran avanzar. Pero, no sólo se contemplan a las fuerzas militares y de seguridad, responsables de los operativos de secuestro, tortura y desaparición de personas, sino también a la complicidad civil que participó desde un ministerio, una oficina pública, un centro de salud, un medio de comunicación u otra empresa privada, promoviendo el golpe, financiándolo y siendo sus beneficiarios directos.
La visita actual del juez español Baltasar Garzón -destituido por querer investigar los delitos cometidos durante el franquismo- y su asistencia a uno de esos juicios, a la Casa de la Memoria de Morón (ex Mansión Seré) y al evento oficial organizado por la Corte, dio un marco más universal a las aberraciones que no prescriben ni están limitadas por las fronteras políticas.
Aunque hayan pasado más de 30 años, gracias a la lucha de las Madres, Abuelas, Hijos y demás organismos de DDHH, la justicia está llegando impulsada por un gobierno constitucionalmente elegido que derogó las leyes del Punto Final y Obediencia debida y por la voluntad de jueces que no quieren sentirse responsables de avalar tantos años de impunidad.
Tal vez, el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz a las Abuelas de Plaza de Mayo pudiera ser un paliativo y un logro que incluya a todas las demás organizaciones empeñadas en esta lucha y que, como afirmó el rabino Daniel Goldman, el verdadero premio es el de la “noble ternura que más justicia, las convierte en algo sublime”. Ojalá esta justicia argentina sirva de ejemplo para que otras naciones, con una sociedad más madura y conciente de su deuda con su pasado, pueda imitar para reparar tanto dolor y daño causado.
