La Càmara de Diputados de la Naciòn aprobò por unanimidad hace 2 semanas un proyecto de ley de Estìmulo educativo en establecimientos penitenciarios que naciò en el Centro de alumnos de Estudiantes Universitarios de la Unidad 2 de Villa Devoto y que tiene por objetivo garantizar a los internos de los institutos penales, el derecho a la educación en igualdad de condiciones a las personas en situación de libertad, sustituyendo el capítulo VIII, artículos 133 a 142, de la ley 24.660 de Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad. Como es de suponer, este derecho contribuye a la posibilidad de reinserciòn social de los internos tras salir en libertad.
El legislador Ricardo Gil Lavedra -que acompañò este proyecto- junto a Adriana Puiggròs y Ricardo Alfonsìn- expresò en la sesiòn que:“ El derecho a la educación forma parte de esos derechos básicos que hacen a la persona humana, asegurados en todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y forma parte de nuestros derechos fundamentales asegurados por nuestra Constitución Nacional". La ley penitenciaria nacional -continuó- contemplaba la posibilidad de educación en las cárceles. Sin embargo con este proyecto y la modificación de este capítulo de la Ley Penitenciaria, le estamos dando un grado de sistematización mucho más profundo", dijo. Y agregó: "Números oficiales del sistema nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena señalan que en el año 2008 -en estos como en otros temas las estadísticas argentinas nunca están muy actualizados- en el Sistema penitenciario nacional había 53.448 internos, de los cuales sólo el 40 % había terminado estudios primarios, y menos del 5 % tenía estudios secundarios completos. El 60 % no había terminado la escuela primaria; y de ellos, casi el 10 % no tenía ningún tipo de instrucción. A la vez, la mitad de quienes se encontraban en la cárcel no tenían oficio ni profesión conocida".
Por su parte, la presidenta de la comisión de Educación de Diputados, Adriana Puiggrós afirmò en una entrevista que “si bien la ley 24.660 reconoce el derecho a la educación lo hace de manera parcial” y agregó que “hay un sujeto profundamente interesado en el acceso pleno al derecho de educarse, y esos sujetos son los mismos internos”. Tambièn es muy importante destacar según una investigación del poder judicial, que la reincidencia de aquellos que cursaron niveles educativos de la educación formal estando en la cárcel, es del 3%, mientras que la reincidencia a nivel nacional en los penales federales de aquellos que no han cursado estudios es del 40%. El proyecto pone a la cabeza de su ejecución en forma conjunta al Ministerio de Educaciòn de la Naciòn que certificarà esos estudios y al Ministerio de Justicia y DDHH de la Naciòn, en cuanto a que algunos cursos puedan realizarse extramuro asì como que se contemple la disminución de penas de hasta 20 meses, como estìmulo a quienes hayan estudiado el ciclo completo.
Ahora le tocarà al Senado aprobarlo, como contribución al ejercicio pleno de los derechos constitucionales sobre igualdad de oportunidades y respeto a la dignidad humana. Y de concretarse, el Estado Nacional estarà obligado a garantizar su aplicación y fiscalización
