Publicación: 02/02/2010Temática: Politica - NOTICIAS URBANAS
A LA JUSTICIA
El abogado Eduardo Barcesat denunció penalmente al jefe del Gobierno porteño, y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por "actos preparatorios” del presunto delito de torturas por la compra de pistolas TASER, que provocan descargas eléctricas.Por Joaquín Arroyo La compra de armas Taser, que realizan descargas eléctricas, por parte del Ministerio de Seguridad de la Ciudad para equipar a la Policía Metropolitana, se transformó en un nuevo punto de conflicto entre oficialismo y oposición. Dentro de este marco, por la compra de estas armas, el GCBA fue denunciado penalmente por el abogado Eduardo Barcesat.La acusación de seis carillas -que recayó ante el juez federal Claudio Bonadío- Barcesat aludió al "carácter de instrumento de tortura (de esas pistolas), gravemente lesivo de la integridad de la persona, humana”. El denunciante, patrocinado por sus colegas Roberto Boico y María Jaume, recordó normas constitucionales que prohíben los tormentos, tratados internacionales de derechos humanos y artículos del Código Penal que reprimen con hasta 25 años de prisión al funcionario público que impusiere "cualquier forma de tortura”. La utilización de esas pistolas de descarga eléctrica "registra, asimismo, numerosos precedentes de haber provocado la muerte de quienes recibieron la descarga, lo que ha motivado severos pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales”. Según informó Telam, fuentes allegadas a la investigación indicaron que Bonadío remitirá el expediente al fiscal Gerardo Di Massi para que formule el respectivo "requerimiento” si considera pertinente la apertura de la investigación penal. Los mismos observadores estimaron que el representante del ministerio público podría reclamar la incompetencia por entender que debe intervenir la justicia de instrucción y no la federal ya que los funcionarios denunciados son comunales y no nacionales. Sin embargo los denunciantes explicaron que la causa "se inició en esa sede es porque se trata de la aplicación de una convención internacional -contra la tortura-, que es materia eminentemente federal”. El uso de las pistolas TASER fue cuestionado, entre otras organizaciones no gubernamentales, por Amnistía Internacional (AI), que sostuvo que "el hecho de que varios gobiernos hayan prohibido el uso de defensas eléctricas a particulares y restringido su utilización a determinados funcionarios”. Ello obedece, según AI, a que "pueden provocar fácilmente sufrimientos y lesiones innecesarias, e incluso la muerte. Su comercio igualmente ha sido objeto de restricciones al admitirse que estos dispositivos pueden utilizarse para infligir tortura y ser un fácil instrumento de uso abusivo”. "La aplicación de la tortura, o el sometimiento a tratos crueles o degradantes, inferidos por fuerzas policiales o de seguridad, que son denunciados por sus víctimas, configuran un cuadro alarmante”, dijeron los denunciantes.
