miércoles, 8 de septiembre de 2010

PROTEGER A LOS GLACIARES




"Lo que tratamos de proteger son los variados y riquísimos ecosistemas de la Cordillera de los Andes, invadidos por decenas de voraces transnacionales mineras, a quienes no les importa la extinción de sus bienes comunes, la biodiversidad irrepetible y la fábrica del agua, origen de múltiples comunidades periféricas" (www.ecoportal.net)

Este miércoles estaba previsto que se debatiera en la Cámara del Senado de la Nación un tema clave que incumbe principalmente a las futuras generaciones argentinas: la nueva ley de glaciares, modificada y mejorada luego del acuerdo de los proyectos Bonasso- Filmus que permitió su media sanción hace poco en la Cámara de Diputados. Pero los gobernadores de Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Jujuy, comprometidas con la explotación minera; pidieron la oportunidad de opinar, antes de que la comisión respectiva firmara dictamen y lo presentara en el recinto; circunstancia por la que fue postergado su debate para el 30 de septiembre.
“La media sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas de las Asambleas Ciudadanas en defensa del agua, así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria, gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas”, precisan Maristella Svampa, Enrique Viale, Norma Giarracca, Miguel Teubal, Mirta Antonelli, Pablo Bergel, Andrés Carrasco, Roberto Gargarella, Horacio Tarcus, Elizabeth Jelin, Carlos Altamirano y Atilio Boron, entre otros intelectuales y académicos que la apoyan.
Ya fue abordado este tema en este espacio en otras oportunidades (ver notas tituladas “Argentina minera” de agosto del 2009 y febrero del 2010), pero no resulta redundante cuando los recursos naturales y el ambiente están en peligro. Como información basta decir que los glaciares son una de las mayores reservas de agua dulce del mundo y la especialmente acumulada en el ambiente periglacial que es la que se derrite en el verano y forma los ríos de montaña. En nuestro país abundan los glaciares en la zona cordillerana, donde también está autorizada gracias a la legislación todavía vigente la explotación minera-metalífera a cielo abierto. Esto significa utilizar agua dulce y potable, indispensable para el consumo humano y el riego agrícola en provincias de regiones montañosas y de bajas precipitaciones, para el proceso de producción del producto explotado. El mayor riesgo es que, además de aprovisionarse del agua de esos ríos, cuando ésta vuelve a su curso, está envenenada con sustancias químicas utilizadas en el proceso minero y su contaminación atenta contra la salud de quienes la consumen.
Claro que hay un sector opositor a que salga esta ley, que no sólo son los de empresas multinacionales que tienen sus negocios invertidos (caso Barrick Gold en minas de Pascua Lama, Veladero, Andalgalá como ejemplos), sino también como caso, gobernador y legisladores de la provincia de San Juan que han votado recientemente una ley provincial que no contempla la protección legal de las zonas periglaciales y que defienden a rajatabla el derecho a defender “sus recursos naturales”. (Como detalle: esta provincia, por la cantidad de pequeños glaciares que posee, significa el 85% del agua dulce del país y para la extracción minera y por día, son extraídos 70 millones de agua del río Jáchal).
Si tal como anunció la presidenta de la Nación, no vetará esta ley como sí hizo con la anterior de hace 2 años, se logrará que al proteger a nuestros glaciares- estableciendo presupuestos mínimos comunes frente a la explotación minera descontrolada para preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos-, se estará salvando a las futuras generaciones de la falta de este recurso natural imprescindible y básico para la subsistencia. Es importante que para los que vivimos en grandes centros urbanos y alejados de la realidad de la falta de agua, empecemos a tomar conciencia de ello ya que ocupándonos, estamos contribuyendo al desarrollo sustentable de un país que posee todos los recursos naturales pero que deben ser utilizados racionalmente y con mucho respeto. Esperemos que así también lo entiendan nuestros legisladores.